La Unión Europea se enfrenta a una crisis de proporciones alarmantes tras la denuncia de Acteo contra la controvertida Ley de Secretos Oficiales impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez. Esta reforma, catalogada como exprés y opaca, representa el tercer intento en menos de un año de blindar al poder político, en un contexto donde la transparencia y la justicia están bajo asedio.

Los recientes acontecimientos han desatado una ola de indignación entre asociaciones judiciales y fiscales, que han levantado la voz en defensa de la independencia judicial. La Ley Bolaños, que busca amordazar a los jueces y limitar sus capacidades, ha llevado a magistrados a manifestarse con toga en mano, un acto sin precedentes que subraya el profundo descontento en el sistema judicial español. La situación es crítica: jamás se había visto a jueces en huelga, una señal clara del deterioro extremo de la justicia en el país.

Mientras tanto, el gobierno de Sánchez parece decidido a silenciar a quienes se oponen a sus reformas. La amenaza de multas y recortes salariales a los jueces es un ataque directo a la independencia judicial, un pilar fundamental del estado de derecho. La comunidad europea observa con preocupación cómo se erosiona la libertad de expresión y de prensa, elementos esenciales en cualquier democracia.

Este giro autoritario recuerda a los regímenes que han intentado controlar el poder judicial y los medios de comunicación en el pasado. La historia nos enseña que cuando la justicia es manipulada, la sociedad entera sufre las consecuencias. La economía española, ya en crisis, podría verse arrastrada aún más si no se detiene este asalto a la democracia.

La UE debe actuar con rapidez y contundencia. La situación es insostenible y el tiempo se agota. La defensa de la justicia y la libertad de expresión no puede esperar.