La hija de Pedro Sánchez, Ainoa Sánchez Gómez, está en el ojo del huracán tras ser acusada de utilizar recursos públicos para su beneficio personal. La joven, de solo 20 años y estudiante de psicología en un exclusivo centro privado en Suiza, ha desatado una ola de controversia al comparecer en un proceso judicial rodeada de funcionarios del Estado, lo que muchos consideran un privilegio injustificado. La declaración, que duró apenas siete minutos, se realizó desde el consulado español en Suiza, lo que ha levantado serias dudas sobre el uso de recursos públicos en un asunto privado.

El eurodiputado Alvisio Pérez, implicado en un caso de revelación de secretos por difundir una fotografía de Ainoa, ha denunciado este hecho como un claro ejemplo de impunidad y abuso de poder. La hija del presidente admitió que la imagen era visible para sus casi 1000 seguidores, pero negó haber sido víctima de un hackeo, debilitando así la acusación contra Pérez. Sin embargo, se negó a responder preguntas sobre el coste de sus estudios en Suiza y el uso del Falcon Presidencial, lo que ha intensificado la controversia.

Las críticas hacia la familia presidencial se multiplican, especialmente en un contexto donde la corrupción acecha al entorno de Pedro Sánchez, involucrando a su esposa Begoña Gómez y a su hermano. Juan de Dios Dávila, presidente de Vox en Guipuzcua, ha señalado que este episodio refleja la confusión del Partido Socialista con el patrimonio del Estado, acusando a la familia Sánchez de convertir bienes públicos en patrimonio privado.

La indignación crece en la sociedad, que observa cómo el gobierno parece blindar sus privilegios en medio de un creciente escrutinio. La situación de Ainoa no es un hecho aislado; es un claro reflejo de la falta de transparencia y la utilización de las instituciones para beneficio personal. La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde llegará esta controversia? La presión sobre la familia Sánchez se intensifica y el clamor por respuestas se hace cada vez más fuerte.