**Título: “Son tan yonquis de la amnistía que la validación del Constitucional se les queda corta”**

En un giro explosivo de los acontecimientos, el Tribunal Constitucional ha validado la controvertida Ley de Amnistía, desatando una ola de indignación y acusaciones de corrupción política. Con seis magistrados a favor y cuatro en contra, la decisión ha sido calificada como un ejercicio de “autoamnistía” que ignora el interés general y la voz de la Comisión Europea. Este escándalo se produce en un contexto donde el presidente Pedro Sánchez, acusado de manipulación judicial, busca aferrarse al poder a costa de amnistiar a golpistas y malversadores.

La reacción ha sido inmediata. Críticos de la ley afirman que esta decisión no solo socava la legalidad, sino que también abre la puerta a la impunidad, poniendo en jaque el estado de derecho en España. La politización del Tribunal Constitucional ha alcanzado niveles alarmantes, con voces conservadoras denunciando que la sentencia traiciona el espíritu de la Constitución y permite que el Parlamento legisle casi cualquier cosa con un toque de “creatividad”.

Mientras tanto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el presidente catalán, Salvador Illa, han intensificado la presión sobre el poder judicial para que se aplique la amnistía, desafiando la independencia de la justicia. Illa, quien antes se opuso a la amnistía, ahora clama por su implementación, evidenciando la hipocresía política en juego.

En medio de este caos, la incertidumbre persiste: ¿qué pasará con los recursos pendientes? ¿Podrá el Tribunal Europeo frenar esta avalancha de impunidad? La situación es crítica y el futuro de la legalidad en España pende de un hilo, mientras la presión política se intensifica y la población observa con creciente preocupación. La amnistía, un tema explosivo, se ha convertido en el centro de una tormenta política que amenaza con desbordar todas las fronteras.