Los jueces han estallado contra Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en una reacción explosiva a su queja contra el juez Juan Carlos Pinado, quien investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno. Esta maniobra ha sido interpretada como un intento de presión política sobre el poder judicial, desatando una ola de críticas entre los magistrados.

Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha calificado la actuación de Bolaños como un escándalo absoluto. “Se cree por encima de la ley”, ha afirmado, destacando que la Constitución establece la igualdad de todos ante la ley, sin excepciones para quienes ocupan cargos ministeriales. La denuncia de Borrego es contundente: un juez no puede ser intimidado por un ministro, y la queja de Bolaños es un acto de prepotencia.

La situación se agrava con la apertura de diligencias informativas por parte de Ricardo Conde, promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, a raíz de la queja de Bolaños. Borrego ha advertido que este procedimiento debería cerrarse en menos de 48 horas, ya que carece de fundamento y, de prosperar, representaría un golpe mortal al estado de derecho en España.

Además, Borrego ha criticado la actitud tanto de Bolaños como de Pedro Sánchez, sugiriendo que su gestión está destruyendo las instituciones. La revelación de que el juez Pinado se enteró por el propio promotor del archivo de su exposición razonada para investigar a Bolaños por falso testimonio y malversación añade más leña al fuego.

La tensión en el ámbito judicial es palpable, y la comunidad jurídica observa con preocupación cómo se desarrolla este conflicto. La llamada “ley Bolaños” podría ser el inicio de un camino oscuro para la democracia española. La situación exige atención inmediata y una defensa férrea de la independencia judicial.