El juez Juan Carlos Peinado ha tomado una decisión crucial en la investigación sobre Begoña Gómez, solicitando a Moncloa todos los correos electrónicos de la asesora desde 2018. Esta medida se produce en medio de un escándalo por presunta malversación en la contratación de su asesora, Cristina Álvarez, quien también comparecerá como investigada el próximo 10 de septiembre a las 12 de la mañana.
La declaración de Gómez, que estaba programada para el 11 de septiembre, ha sido adelantada a esta fecha, lo que indica la urgencia y gravedad de la situación. El exministro Antonio Camacho, abogado de Gómez, había solicitado un cambio en la fecha debido a otro compromiso legal, lo que ha llevado al juez a actuar rápidamente.
La solicitud de correos electrónicos no es un mero trámite; se envían directamente a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para su análisis y evaluación. Este giro en la investigación subraya la seriedad de las acusaciones y la creciente presión sobre Gómez y su entorno. Las implicaciones de este caso son enormes y podrían tener repercusiones significativas en el ámbito político.
Mientras tanto, la atención se centra en la respuesta de Moncloa y en cómo este desarrollo afectará la imagen pública de Gómez y del gobierno. Las próximas horas son cruciales, y el desenlace de esta investigación podría cambiar el rumbo de la política española. La comunidad está en alerta, a la espera de más detalles y de lo que se revelará en la declaración de Gómez. La situación es tensa y cada nuevo dato podría ser determinante.
