**Título: LAWFARE en América Latina: ¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA?**

En un giro alarmante de los acontecimientos, el concepto de “lawfare” ha cobrado protagonismo en América Latina, revelando la utilización política del poder judicial para desestabilizar a adversarios. La reciente decisión de la Corte Suprema de Argentina, que condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, ha reavivado las acusaciones de manipulación judicial con fines políticos. Este caso no es aislado; líderes de toda la región, desde Lula en Brasil hasta María Corina Machado en Venezuela, han denunciado ser víctimas de este fenómeno.

El “lawfare” se define como el uso instrumental de la justicia para incapacitar políticamente a un oponente. En contextos electorales, las irregularidades en los procesos judiciales se convierten en herramientas para erosionar la credibilidad de los adversarios. Las filtraciones de información a medios de comunicación y la sincronización de decisiones judiciales con eventos políticos cruciales son tácticas comunes que evidencian esta manipulación.

La situación en Argentina es un claro ejemplo de cómo el poder judicial puede ser utilizado para influir en el panorama electoral. Las decisiones de la Corte han coincidido sospechosamente con momentos clave en la política nacional, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad del sistema judicial. Las irregularidades en el proceso de Kirchner, que incluyen la falta de pruebas contundentes y la reactivación de causas cerradas, subrayan la fragilidad de las instituciones en la región.

El “lawfare” no solo afecta a la política de izquierda; también ha sido utilizado contra figuras de la derecha, como el caso de Ricardo Martinelli en Panamá. Este fenómeno, que se ha intensificado en los últimos años, pone en jaque la democracia en América Latina, donde el poder judicial se convierte en un campo de batalla en lugar de un pilar de justicia.

La creciente preocupación por el “lawfare” exige una respuesta urgente de la comunidad internacional y un compromiso renovado con la defensa de la democracia y el estado de derecho en la región. La lucha por la justicia no es solo una cuestión legal; es una batalla por la integridad política y la estabilidad social en América Latina.