La justicia argentina ha dado un giro inesperado en el ámbito de las jubilaciones, obligando a la ANSES a recalcular los haberes de miles de jubilados y pensionados. En una decisión que promete transformar la economía de muchos adultos mayores, la Corte Suprema ratificó la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad de la ley 27.609, vigente entre 2021 y 2024. Este fallo, que se enmarca en un contexto de creciente descontento social por la pérdida de poder adquisitivo, podría significar una mejora significativa en los ingresos de quienes han sido golpeados por la inflación descontrolada.

La noticia llega en medio de un clima tenso, donde los jubilados han sido históricamente víctimas de políticas erráticas que han dejado sus pensiones en un estado crítico. Según estimaciones, la pérdida de poder adquisitivo ha oscilado entre el 25% y el 45%, lo que ha llevado a muchos a vivir al borde de la pobreza. La justicia ha ordenado que se realice un reajuste judicial de los haberes, comparando lo que los jubilados realmente recibieron con lo que debieron haber cobrado si se hubiera aplicado el índice de precios al consumidor. Las diferencias, que pueden superar el millón de pesos por jubilado, serán reconocidas y pagadas como retroactivos.

La decisión no solo representa un triunfo judicial, sino que también coloca al gobierno en una posición delicada, obligándolo a responder ante la creciente presión social. Con la inflación acumulada alcanzando cifras alarmantes, este fallo podría ser el primer paso hacia una reparación histórica para millones de argentinos que han visto desvanecerse sus ingresos. La expectativa es palpable, y muchos esperan que julio de 2025 marque un antes y un después en la historia de las jubilaciones en el país. La justicia ha hablado, y ahora todos los ojos están puestos en la Corte Suprema, que deberá decidir si el Estado reparará a quienes más lo necesitan.