El escándalo de corrupción que sacude al Ministerio de Transportes ha tomado un giro explosivo. Javier Hierro, exdirector general de carreteras durante la gestión de José Luis Ávalos, ha “tirado de la manta” y ha comenzado a colaborar con la Unidad Central Operativa (UCO) tras la llegada de los agentes a su domicilio. Fuentes cercanas indican que, al ver a las autoridades, su sonrisa se desvaneció, pero lejos de resistirse, Hierro ha proporcionado información vital durante horas, incluyendo un croquis del organigrama del ministerio que sitúa al actual ministro Óscar Puente en el centro de la tormenta.

Mientras tanto, la UCO ha realizado un registro en la vivienda de Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, en un momento crítico: justo cuando se encontraba en plena mudanza. Recientemente despedida de su puesto en una empresa privada, Pardo de Vera intentó cortar lazos antes de que el escándalo la alcanzara. Los agentes han incautado abundante documentación y, lo más impactante, 15,000 fotografías de su teléfono móvil, que han sido copiadas y subidas a la nube, dejando a la ex presidenta sin acceso.

Esta operación ha sido autorizada por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, quien ha actuado tras advertencias del Tribunal Supremo sobre indicios contundentes que vinculan a Pardo de Vera y a Hierro con adjudicaciones irregulares de contratos millonarios a constructoras. La trama se estrecha, y lo que comenzó como un caso aislado amenaza con desmoronar los cimientos del Ministerio de Transportes. Con testimonios como el de Hierro, todo indica que más nombres están por salir a la luz. La investigación avanza a pasos agigantados y el tiempo es crucial.