**Título: El macarra de Óscar Puente sigue desaparecido**

En un giro alarmante de los acontecimientos, la crisis ferroviaria que ha dejado a miles de ciudadanos varados en España ha puesto en jaque al gobierno de Pedro Sánchez. Ayer, el caos se desató en la línea Madrid-Andalucía, afectando a más de 30,000 pasajeros que se encontraron atrapados sin ninguna respuesta por parte de las autoridades. La indignación es palpable, y las críticas apuntan directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien, a pesar de la gravedad de la situación, permanece ausente.

Los ciudadanos, desesperados y sin atención, fueron asistidos por vecinos y miembros de la Guardia Civil, mientras el gobierno se mantenía en silencio. Este es el último de una serie de incidentes que han evidenciado una gestión pública deficiente, con nueve episodios de caos ferroviario en menos de dos años. La falta de comunicación y responsabilidad por parte de las autoridades ha generado un clima de frustración y desconfianza.

Las preguntas surgen con fuerza: ¿por qué las empresas ferroviarias, que no son responsables de las averías, deben lidiar con la falta de planes de contingencia? ¿Dónde están las soluciones que los ciudadanos merecen? Mientras tanto, la oposición, liderada por el Partido Popular, agita la posibilidad de una moción de censura, aunque sus socios se muestran reacios a dar ese paso.

En medio de este tumulto, la corrupción en el seno del gobierno se asoma a la superficie, con investigaciones que apuntan a desfalcos millonarios y conexiones turbias. La situación es crítica y la presión sobre Sánchez y su administración aumenta. La falta de acción y transparencia no solo afecta a los pasajeros, sino que también pone en entredicho la legitimidad del gobierno ante una sociedad que exige respuestas.

La pregunta es clara: ¿cuánto más tendrán que soportar los ciudadanos antes de que las autoridades tomen medidas efectivas? La presión está en su punto más alto y la paciencia de la población se agota.