La Audiencia Nacional ha dado un giro inesperado en el caso de Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADI, al ampliar su imputación por nuevos delitos relacionados con la corrupción. Pardo de Vera, junto a Javier Herrero, ex director general de carreteras, se enfrenta a serias acusaciones por su presunta implicación en la concesión irregular de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. La nueva citación judicial está programada para el 21 de julio, en el marco de una investigación que destapa una supuesta trama corrupta vinculada al Partido Socialista.

Fuentes judiciales han revelado que existen evidencias sólidas que apuntan a que ambos altos cargos facilitaron adjudicaciones millonarias a ciertas empresas, con el objetivo de enriquecerse personalmente y, potencialmente, financiar ilegalmente al Partido Socialista. Esta situación complica aún más la ya deteriorada imagen de Pardo de Vera, quien ya estaba bajo la lupa por su participación en el escándalo de los enchufes relacionados con Jessica Rodríguez, ex pareja de José Luis Ávalos.

El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha señalado que Pardo de Vera y Herrero pudieron haber colaborado con Ávalos a través de su asesor Coldo García, ofreciendo información clave sobre licitaciones a conveniencia del ex ministro. Lo que comenzó como un caso de favoritismo se ha transformado en una alarmante red de tráfico de influencias y cuestionamientos sobre la financiación del partido.

Pardo de Vera, figura clave en la política de infraestructuras del Partido Socialista durante años, se encuentra cada vez más acorralada por la justicia. Este nuevo escándalo pone en entredicho el modelo de gestión socialista y plantea serias dudas sobre la integridad de sus líderes. La presión aumenta, y el tiempo de respuesta es crucial en este juego de corrupción que sacude los cimientos del poder político en España.