El Tribunal Supremo ha dado un giro inesperado en el escándalo del caso Coldo al consultar a la fiscalía sobre la posible imputación de Francinar Armengol, actual presidenta del Congreso y expresidenta balear, por un presunto delito de falso testimonio. Esta decisión se produce tras su comparecencia el 7 de junio en la Comisión de Investigación del Senado, donde negó conocer al empresario Víctor Daldama, una figura clave en la trama de comisiones por la compra de material sanitario durante la pandemia.

La controversia se intensifica debido a una querella presentada por la Asociación Hzir, que acusa a Armengol de mentir deliberadamente en sede parlamentaria para desvincularse de la red investigada. La sala segunda del Supremo ha solicitado a la fiscalía que determine si hay suficientes indicios para abrir causas penales en su contra.

Las sospechas han crecido tras la publicación de mensajes de texto en diciembre de 2024, donde se revela que Armengol solicitó ayuda a Daldama para conseguir mascarillas infantiles. A pesar de esto, en su declaración ante el Senado, negó cualquier relación con él. Estos mensajes son considerados por los denunciantes como prueba irrefutable de un contacto directo, lo que pone en entredicho la veracidad de su testimonio ante los senadores.

Además, el Partido Popular ha anunciado su intención de presentar otra denuncia por falso testimonio contra Armengol, aunque se espera que esto ocurra después del verano. La posible imputación de la presidenta del Congreso marca un punto crítico en la crisis institucional derivada del caso Coldo, colocando a Armengol al borde de un escándalo político de enormes dimensiones. La situación es tensa y el país aguarda con expectativa el desenlace de este caso que podría sacudir los cimientos del poder político en España.