La Audiencia Nacional ha lanzado un contundente golpe este lunes contra Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADI, al solicitar la retirada inmediata de su pasaporte y la prohibición de salir del país. Esta medida también afecta al exdirector general de carreteras, Javier Herrero, en un escándalo que sacude los cimientos del gobierno. Ambos han sido imputados por delitos graves, incluyendo organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho.

La Fiscalía Anticorrupción ha acumulado pruebas que sitúan a Pardo de Vera en el epicentro de una presunta red de corrupción, donde se habrían otorgado favores a constructoras a cambio de sobornos. Las grabaciones y mensajes interceptados revelan su implicación en la manipulación de contratos públicos millonarios. Uno de los casos más alarmantes involucra la adjudicación de una obra de emergencia a Levantina por 592,000 euros, justo un mes después de que Pardo de Vera advirtiera a su asesor, Coldo García, sobre las implicaciones de adjudicarle otro contrato.

Además, se ha descubierto que recibió información privilegiada sobre una licitación en Extremadura, que debió ser adjudicada a otra empresa, reforzando las sospechas de manipulación. La investigación también revela una adjudicación de 71,6 millones de euros en Barcelona, donde Pardo de Vera no presentó la oferta más económica, pero aún así fue favorecida.

El magistrado Ismael Moreno ha subrayado que tanto ella como Herrero actuaron de manera reiterada para beneficiar a constructoras, en un escándalo que podría desestabilizar la credibilidad de las instituciones. Con la amenaza de prisión inminente, el cerco judicial se estrecha, y el futuro de estos dos socialistas pende de un hilo. La situación es crítica y el país observa con atención el desenlace de este escándalo que podría marcar un antes y un después en la política española.