Margarita Robles, la ministra de Defensa, ha dado un golpe contundente al gobierno de Pedro Sánchez al distanciarse claramente de la postura oficial sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En un acto militar en la base Príncipe de Paracuellos del Jarama, Robles ha evitado defender al fiscal, quien enfrenta un proceso por presunta revelación de secretos, y ha dejado entrever su desacuerdo con la línea de Moncloa.

La tensión se ha intensificado desde que se filtraron conversaciones en las que Sánchez menospreciaba a Robles. Este nuevo episodio no solo marca un distanciamiento simbólico, sino una ruptura política evidente. Robles ha criticado al Partido Popular por usar el caso de García Ortiz como un arma política, pero su falta de apoyo explícito al fiscal genera dudas sobre su lealtad al gobierno.

“Cada uno tiene que saber en función de su responsabilidad lo que tiene que hacer en cada momento”, fueron sus palabras, un mensaje que podría interpretarse como una invitación a la dimisión de García Ortiz, dejando la decisión en manos del propio implicado. La ministra ha subrayado la importancia de la autonomía de las instituciones, pero su silencio sobre el apoyo al fiscal es ensordecedor.

El contexto es explosivo: la credibilidad del sistema judicial está en juego, y Robles se niega a cargar con el costo político de respaldar a un fiscal en problemas. Su posición indica que no se alineará con las consignas del aparato socialista en un tema tan delicado. Este distanciamiento no solo es estratégico, sino que podría tener repercusiones significativas en el futuro del gobierno de Sánchez. La situación es crítica y en desarrollo, con el horizonte político de España en juego.