El escándalo político que sacude a España ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad. Este lunes, Javier Herrero, director general de carreteras, ha hecho una explosiva confesión en sede judicial que amenaza con desmoronar el relato oficial del gobierno de Pedro Sánchez. En su declaración, Herrero ha revelado que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) exigía donaciones económicas a los nuevos altos cargos, un “impuesto” que ya se ha convertido en parte del lenguaje interno de una presunta trama de financiación ilegal.

La declaración de Herrero, que confirma las advertencias de su colega Coldo García, ha desafiado directamente al núcleo de poder del sanchismo. Según su testimonio, Ana María Fuentes, desde la gerencia del PSOE, le envió un formulario para formalizar esta aportación, aunque él asegura no haber pagado nada. Sin embargo, este reconocimiento judicial abre la puerta a una posible investigación penal sobre la financiación del partido, marcando un antes y un después en el caso.

El juez Ismael Moreno ha tomado medidas drásticas, ordenando la retirada del pasaporte tanto de Herrero como de Isabel Pardo de Vera, también imputada, quienes son considerados piezas clave en la adjudicación irregular de contratos millonarios a empresas vinculadas a la trama. Las autoridades han intentado desviar la atención hacia los técnicos, pero las pruebas son contundentes y ya no admiten excusas.

Estamos ante un momento decisivo que podría transformar lo que comenzó como un caso de corrupción en el mayor escándalo político de la era Sánchez. La sombra de una red de mordidas institucionales ha dejado de ser una mera hipótesis; ha sido reconocida desde dentro. La situación es crítica y el tiempo apremia. La política española está en juego, y este desarrollo podría tener repercusiones históricas.